La Facultad de Derecho (FDER) de la Universidad de Montevideo (UM) organizó un webinar titulado “Evolución de la firma y el documento electrónico: actualización y su alcance internacional”, a cargo de la Dra. Jimena Hernández, asesora jurídica de la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y de la Unidad de Certificación Electrónica (UCE).   

En la conferencia del jueves 9 de setiembre, la Dra. Hernández se centró en exponer sobre la regulación nacional de la firma electrónica, la identificación digital y el sellado de tiempo y los aspectos prácticos de su utilización en el ámbito jurídico.

Hernández explicó que, desde el 2009, Uruguay cuenta con un marco jurídico, la Ley 18.600, que reconoce la admisibilidad, validez y eficacia jurídicas de las firmas y los documentos electrónicos regulando dos tipos de firmas con efectos jurídicos diversos.   

Tomando como referencia la experiencia de otros países, en especial la Comunidad Económica Europea, se evolucionó a soluciones que no dependieran de dispositivos físicos. Así, señaló Hernández, surgió la regulación, a través de decreto, de la firma en la nube, que brinda un servicio de fácil acceso y seguro para realizar cualquier tipo de operaciones. Además, se desarrolló la plataforma de usuario gub.uy, un sistema que permite, mediante una única cuenta y a través de un perfil, acceder a documentos y hacer el seguimiento de trámites y servicios digitales del Estado sin necesidad de nuevos registros ni contraseñas adicionales.  

Respecto a los casos de uso que la firma electrónica tiene en Uruguay, la Dra. Hernández expuso cuatro ejemplos. Primero, en la Administración Pública, ya que las actuaciones administrativas en la mayoría de los organismos se suscriben usando firma digital. Segundo, en la implementación de programas como trámites en línea, permitiendo que muchos de los trámites y servicios se puedan comenzar y concluir digitalmente, para lo cual el uso de firma ha sido clave. Tercero, en la facturación electrónica, un sistema que implica una reducción de costos administrativos, de papel y de almacenamiento y que requiere de la firma digital para la validación legal y tributaria de los documentos emitidos. Y cuarto, en “Mi Historia Clínica Digital”, un aplicativo que permite que los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) accedan a su información clínica digital utilizando su identidad digital.  
  
“Requiere de procesos de integración normativos con otros países”  
  
Para la doctora, “este un tema que se encuentra signado por los cambios tecnológicos y está en constante actualización”. Respecto al alcance internacional, la Dra. Hernández sostuvo que se “requiere de procesos de integración normativos con otros países en virtud de que las transacciones digitales no reconocen fronteras físicas y es necesario dotarlas del mayor nivel de seguridad jurídica posible”. 

A su vez, la Dra. Hernández agregó que, en la actualidad, “el desafío es avanzar hacia la construcción de la integración digital transfronteriza, ya sea entre bloques o bilateral. Actualmente, a nivel de Mercosur, se firmó un acuerdo que ya fue ratificado por Uruguay y Argentina el cual entró en vigencia entre ambos países en 12 de agosto de 2021”.