09.10.2019 |

Sanciones internacionales a estados

En el marco de la materia Derecho Internacional Público, la abogada Agustina Paladino explicó qué son y cómo afectan al Uruguay estas medidas diplomáticas de presión

La abogada Agustina Paladino brindó una charla sobre “Sanciones internacionales a estados” a los alumnos de primer año de la Facultad de Derecho de la UM. La ponencia se llevó a cabo el 9 de setiembre en el marco de la materia Derecho Internacional Público dictada por el profesor Tomás Tejeiro.

Paladino forma parte del estudio Pérez del Castillo, en calidad de asociada externa, y hace un año vive en Irán. Durante el 2019, en la etapa de reimposición de sanciones a este país por parte de Estados Unidos, realizó una pasantía en la oficina de un estudio de origen francés con base en Teherán. En la siguiente entrevista, la abogada habla acerca de su experiencia al trabajar con casos relacionados con este tema.

¿Qué son las sanciones internacionales?

Las sanciones internacionales son medidas diplomáticas de presión establecidas por una organización o un estado con fines de política exterior y de seguridad, mediante la retirada de las relaciones comerciales y financieras habituales.

¿Cuáles son los objetivos de las sanciones? ¿De qué dependen?

El objetivo dependerá de quién las imponga y a quiénes se dirijan. Puede ser un cambio de actitud, evitar riesgos a la seguridad internacional limitando el acceso a determinados bienes, combate al terrorismo, defensa de los derechos humanos, entre otros. El efecto que producen y la capacidad de lograr el cambio o impacto deseado también dependen de quién las impone y su destinatario.

Por ejemplo, una sanción que impida a Corea del Norte importar uranio tiene un claro objetivo, que es evitar que tengan materias primas para desarrollos nucleares. Una sanción que impida que una persona use cuentas internacionales es evitar la exposición internacional de una figura política considerada peligrosa.

¿Quiénes pueden poner una sanción?

Naciones Unidas y la Unión Europea suelen aplicar sanciones internacionales que obligan a sus países miembro a cumplir con las restricciones impuestas, y cuando son impuestas por un estado determinado obligan, en principio, a quienes están bajo su jurisdicción. Quienes más se destacan por la aplicación de sanciones unilaterales son Estados Unidos, Canadá y Australia, pero son muchos los estados que poseen la posibilidad de imponerlas. Incluso Uruguay, en el artículo 2 de la Ley Nº 19574, establece la posibilidad de imponer sanciones y contramedidas financieras a terceros países que supongan riesgos más elevados de lavado de activos.

Dentro del ámbito de las sanciones aplicadas por estados, es importante diferenciar entre sanciones primarias y secundarias, las primarias son aquellas que se dirigen a quienes están bajo jurisdicción de quien las impone, nacionales y sociedades comerciales de ese Estado o ubicadas dentro de ese Estado. Las secundarias, en cambio, buscan ser impuestas también a terceros sin vinculación con el Estado impositor ni con el Estado objetivo de la sanción.

En este último caso, Estados Unidos se destaca por la posibilidad de hacerlas efectivas por dos razones: el dólar y la banca.

A modo de resumen, y por ser más recurrentes y populares actualmente, me enfocaré en las sanciones aplicadas por Estados Unidos, que, aunque Uruguay como país no sea objetivo de ellas actualmente, las impuestas a otros estados pueden afectarnos.

¿Qué consecuencias tienen estas sanciones?

La normativa que imponen las sanciones puede establecer prohibiciones o limitaciones para comercializar determinados bienes, realizar ciertas actividades o para contratar con determinadas personas o grupos.

Las prohibiciones pueden ir desde financiamiento de grupos terroristas hasta importación de autopartes a determinado país, compra de petróleo, involucramiento en ciertos casos de fraude o corrupción, entre otras, así como la contratación con ciertas personas sancionadas.

En cuanto a su formato, las sanciones impuestas por Estados Unidos, por ejemplo, contienen una conducta no aceptada o prohibida, una sanción aplicable a quien las incumpla y, en ciertos casos, también se sanciona a quien contrate a alguien que las haya incumplido anteriormente.

Vale destacar que para evitar efectos no deseados se han creado excepciones para casos concretos bajo licencias.

¿Afecta solo al gobierno o a los ciudadanos también?

Si bien generalmente se dirigen a un Estado en particular con el fin de producir un cambio, su blanco no es siempre el Estado en sí mismo, los privados también son afectados.

Por ejemplo, en el caso de las sanciones impuestas a Venezuela por parte de Estados Unidos, si bien su finalidad es lograr un cambio a nivel gubernamental, se han aplicado sanciones al Estado propiamente dicho (congelamiento de todos los activos que el Estado de Venezuela tiene en Estados Unidos), se han aplicado sanciones a personas físicas (miembro del Gobierno y del Partido Socialista de Venezuela), entre otros, pero también a sociedades comerciales, otras personas físicas y bancos.

A su vez, los ciudadanos tenemos que ser cuidadosos con quien contratamos, si lo hacemos con una persona sancionada, dependiendo del caso concreto también podemos ser sancionados nosotros o la empresa para la que trabajamos. Incluso en Uruguay, que no es un país al cual Estados Unidos le haya dedicado un programa de sanciones, si nos vinculamos a una actividad o con una persona sancionada (si ésta es secundaria) podemos vernos afectados (congelamiento de activos, prohibición de vender a Estados Unidos, etc.).

Por ejemplo, la importación de autopartes a Irán es una actividad no permitida por Estados Unidos, incluso para terceros países. Si una empresa uruguaya realiza esta actividad, puede ser sancionada, por lo que se le aplican, en definitiva, a una sociedad comercial, no al Gobierno.

¿Qué pasa si no se cumplen las sanciones?

En el caso de la imposición por parte de Estados Unidos, las consecuencias del incumplimiento de la normativa que las impone dependen del incumplidor, si es nacional de ese país o una sociedad americana, estas pueden ser civiles (multas) o penales. Por otro lado, para quienes no están bajo su jurisdicción, pueden ser: prohibición de visado o expulsión del país, congelamiento de activos en Estados Unidos o que estén en control de un estadounidense, imposibilidad de contratar con Estados Unidos, negativa a recibir créditos o contratar seguros, entre otros. También puede haber consecuencias indirectas, como negativa de bancos internacionales a otorgar la titularidad de cuentas, o realizar transferencias.

¿Cuáles son las principales críticas que se les hace a estas sanciones?

A aquellas sanciones de carácter económico se les critica que van contra el principio al desarrollo de una nación, a aquellas que implican la limitación al acceso de armas se les critica que van contra el principio de autodefensa.

En cuanto a las sanciones secundarias, se critica que violan la soberanía del tercer Estado que se ve afectado en su libertad de contratación. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos e Irán, una sociedad uruguaya que quiere contratar con una sociedad iraní se puede ver afectada si buscara realizar alguna de las actividades no permitidas por Estados Unidos.

En definitiva, la principal crítica que se realiza a las sanciones internacionales es que pueden estar dirigidas a los gobiernos, pero terminan afectando la vida diaria de las poblaciones. Principalmente de los más vulnerables.

¿Hay casos de sanciones en Uruguay? ¿Cómo nos afecta?

Si bien no se han impuesto directamente a nuestro país desde Estados Unidos, a principios de 2019, el Banco Central del Uruguay fue sancionado bajo normativa que aplica sanciones a Venezuela. Esto no solo involucra a este banco, sino también pueden ser sancionados quienes trabajen con él y cumplan ciertas características.

Asimismo, fue sancionada una sociedad panameña y su sede en Uruguay (ya concursada) por supuesto lavado de activos.